El pasado viernes el consejero superior de la Universidad Nacional de Villa María, Miguel Tristán, presentó un proyecto de resolución para que dicha casa de estudios adhiera a la Ley 26.320 que establece el "Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria".
La norma fue publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial de la Nación.
En los fundamentos de su propuesta, Tristán señala que el Estado Nacional, al instituir el "Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria" a través de una ley, "está significando el claro camino de reconocimiento de una de las tradiciones más arraigada en la universidad argentina, como lo es la gratuidad, principio tan sensible para una gran mayoría del claustro estudiantil, tanto local como nacional".
"Sin dudas, están aquellos que hablan de la equidad como principio rector que debe garantizar el acceso a los estudios universitarios, dislocando lo que la jurisprudencia de  la Corte Suprema de la Nación ha sostenido en sus diversos fallos, como así también, lo expresado en la  Asamblea Constituyente del año 1994 en relación a lo que quiso plasmar en el famoso artículo 75 inc 19 de nuestra Carta Magna". 
"La idea era clara y no podía ser entendida de otra manera, gratuidad para todos, y para aquellos que la gratuidad no le fuera suficiente para el acceso a la universidad, la equidad", añadió el consejero, quien también señaló que "se puso un principio sobre otro, desvirtuando el verdadero objeto y finalidad del artículo citado. Pero, hoy, las cosas están cambiando. La Ley 26.320, no establece la gratuidad para la enseñanza universitaria, esto es objeto de otra norma, pero conceptualiza y refuerza un importante paso hacia la consecución de un derecho y principio que seguramente se terminará de perfeccionar en la próxima Ley de Educación Superior".
El CIN, en el documento de Vaquerías de los días 23 y 24 de agosto de 2007, se pronunció en el mismo sentido. También, la actual presidenta, Cristina Fernández, se refirió a la educación gratuita en su alocución de asunción ante la Asamblea Legislativa. "Estos, son indicios claros e irrefutables, de qué política se intenta plasmar en relación a la gratuidad de la enseñanza universitaria", opinó.
"Tal vez sea algo irrelevante para algunos, e innecesario para otros, adherir a una ley que tiene fuerza por sí misma. Pero sin dudas la aprobación de este proyecto tiene un gran simbolismo para muchos estudiantes, no sólo de la Universidad Nacional de Villa María, y por qué no decirlo, del país". 
"De esta manera, la Universidad se pondrá a la altura de las circunstancias históricas de estos nuevos tiempos universitarios, reconociendo y apoyando una vieja reivindicación del corazón de la universidad, como lo es el claustro estudiantil. Claustro, que está muy marginado en cuanto a su participación en el cogobierno, como en su participación directa en el presupuesto universitario, casi se autogestiona", cuestionó Tristán. 
"Noventa años de conquistas estudiantiles, se derrumbaron en tan sólo diez,  ¡¡nefasta década de los noventa!! Como se proclamó en 1918 en el manifiesto titulado: "La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica", el claustro estudiantil aún pronuncia "Los dolores que quedan son las libertades que faltan y, vaya si quedan dolores", dijo el dirigente universitario.

Beca integral

Desde la Secretaría de Bienestar se ha presentado al Consejo Superior de la UNVM una iniciativa para la creación de un nuevo tipo de beca. Se trata de la “beca integral”, que cubriría los requerimientos habitacionales, de transporte, de material didáctico y de asistencia alimenticia de los alumnos con menores recursos económicos.

El pasado 6 de diciembre, en una cena que se realizó en la Casa de la Amistad del parque Pereyra y Domínguez, el Rotary Club Villa María Este reconoció a integrantes de la Unidad Departamental de la  Policía de la Provincia de Córdoba, de la Subdelegación Villa María de la Policía Federal Argentina y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa María.
Uno de los objetivos de Rotary es "la promoción y el reconocimiento de todas las ocupaciones y profesiones legítimas y la dignificación del trabajo que se realiza en beneficio de la comunidad, como así también la de estimular y fomentar altas normas de ética en los negocios y en las profesiones".
En este marco, el citado club, que preside Martín Zanotti, consideró oportuno reconocer y distinguir a aquellos servidores públicos que se han destacado durante el año en el ejercicio de su actividad.
En esa oportunidad se le realizó un reconocimiento a integrantes de las fuerzas de seguridad y bomberos voluntarios que "día  a día, denodadamente y sin claudicar en sus esfuerzos tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de todos los habitantes de nuestra ciudad", destacó la entidad.
Con esta distinción, que se entregó a un agente de la fuerza elegido por sus pares y sus superiores, "se intenta reconocer a todos y cada unos de estos servidores públicos que cumplen una tarea tan importante en beneficio de la comunidad".
Del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la distinción fue recibida por Hugo Casas, el efectivo más antiguo, con más de 40 años en la institución y por el aspirante Mayco Ferreira. Entregó el galardón el socio fundador Victtorio Chiantore. 
De los integrantes de la Policía Federal Argentina se galardonó al sargento Gustavo Miguel Ontivero, seleccionado por sus pares y superiores, para recibir la distinción. En este caso, la entrega la hizo otro fundador del club,  Enrique Stefoni.
Por último, el rotario Aldo Montagner entregó la distinción al comisario Mayor Rudi Audisio, de la Policía de la Provincia de Córdoba.

El gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, junto al ministro de Industria, Comercio y Trabajo Roberto Avalle presidieron el sábado a la noche en Villa Giardino la presentación del nuevo tractor "Rino 4000 Articulado" de Pauny Zanello.
También estuvieron presentes las autoridades de la firma Pauny Zanello, empresarios, concesionarios y trabajadores de la empresa de Las Varillas. 
Al hacer uso de la palabra, el gobernador expresó: "Esta es la realidad que hoy estamos viendo, un tractor que es único en su tipo, un tractor que es articulado y que es el resultado de la capacidad del trabajo de la gente de Pauny, por eso si hay algo que define a este tractor es un canto a la creatividad y a la capacidad de los trabajadores del interior del interior".
En otro párrafo de su discurso, el primer mandatario provincial destacó: "Fíjense si valía la pena el apoyar este emprendimiento que de ser un poco más de 130 trabajadores, hace 5 años y que dependían del programa Jefes y Jefas, hoy son más de 400 trabajadores que están en Pauny y de 250 tractores que se hicieron en el primer año, en este 2007 se terminan de producir entre 900 tractores más 100 máquinas viales, es decir 1.000 unidades que se hacen este año". En esa misma línea, el gobernador añadió: "En tan sólo cinco años se ha prácticamente cuadruplicado la producción, se está exportando y se están lanzando permanentemente nuevos modelos. Esto habla a las claras de la potencialidad que tiene por un lado, el complejo alimentario de nuestra patria quien es el que adquiere los vehículos que produce Pauny y habla a las claras de la capacidad de trabajo de nuestra gente."
Finalmente, el gobernador expresó su compromiso de continuar apoyando a la firma Pauny Zanello a través de las políticas activas para lograr así, un mejoramiento en la producción metalmecánica y en todo el complejo agroalimentario. 

El fiscal de la Cámara del Crimen Francisco Márquez presentó el sábado un recurso de hábeas corpus para que se analice si los calabozos de la Departamental San Martín de Policía cumplen con la manda constitucional de que las cárceles sean sanas y limpias y buscando que en caso contrario, se prohíba el uso de los mismos. 
Como se sabe, todo se inició el domingo pasado cuando el representante del Ministerio Público Fiscal dijo a este diario que las celdas de la Policía son dignas de demolición y violatorias de la manda constitucional. Fue en el marco de una entrevista en la que por una cuestión de espacio se omitió un largo enunciado de leyes y declaraciones a las que el fiscal apeló a la hora de hablar de las cárceles, un tema que parece obsesionarlo por estas horas.
Bien vale en este momento, la publicación de lo señalado en ese entonces por Márquez: “En estos treinta años de democracia hemos sufrido los motines de la cárcel de Sierra Chica y a partir del cual se sancionó la Ley 24.390 formulada como reglamentaria de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, no obstante lo cual la propia Corte Suprema de Justicia intimó  al Estado nacional a que en el plazo de 20 días adopte las medidas necesarias para hacer cesar ‘la situación de inseguridad que viven los internos en las cárceles de Mendoza’. El máximo Tribunal de la Nación recordó que en marzo de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formuló indicaciones al Estado argentino y advirtió que el incumplimiento de esas órdenes podría generar ‘responsabilidad a nivel internacional’. A fines de abril de ese año,  la CIDH volvió a reclamar por la situación en las cárceles mendocinas mediante una resolución en la que sostenía que debían mantenerse las medidas ordenadas para velar por la integridad y seguridad de los presos del Penal de Mendoza, donde en 2004 hubo 17 muertos.
La CIDH le exigió entonces al Estado argentino velar por la integridad de todos los reclusos alojados en las cárceles de esa provincia. La resolución decía: ‘Es procedente mantener vigentes las medidas provisionales, en virtud de las cuales el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad en la Penitenciaria Provincial de Mendoza (...)’. La CIDH también resolvió ‘requerir al Estado que las implemente (las medidas) en coordinación efectiva y transparente entre sus autoridades provinciales y federales’.
La situación de violencia en el penal de Mendoza obligó a la CIDH a hacer una visita allí en 2004, en una medida con pocos antecedentes en el país. A partir de los reclamos se formó una comisión integrada, entre otros, por la Secretaría de Derechos Humanos nacional, Cancillería, el Estado provincial, los abogados de los presos y la Corte Suprema local.
En 2004, había sido la Organización de Estados Americanos (OEA) la que exhortó al Gobierno nacional por las condiciones de vida en la penitenciaría mendocina, para que adopte medidas con el objetivo de mejorar la situación de los presos. El reclamo ya había sido elevado a la CIDH por un grupo de abogados provinciales, quienes presentaron entonces un recurso de amparo a favor de los reclusos para que ese organismo ‘actúe de manera coactiva’. El entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Jorge Nanclares, aseguraba que la cárcel de Mendoza era ‘un chiquero humano’; en otra causa en abril de 2005 la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso de amparo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) respecto de la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires y estudia emitir una exhortación al Tribunal bonaerense para que se solucione la situación de los detenidos en comisarías. 
El planteo del CELS es parte de la causa pública abierta en 2001 contra el Gobierno de Felipe Solá. En ese entonces, la ONG había presentado un hábeas corpus correctivo colectivo por los detenidos alojados en comisarías bonaerenses, que actualmente ascienden 6 mil. 
No obstante lo cual, la situación no ha mejorado y prueba irrefutable han sido los motines de Córdoba hace tres años y más recientemente en Santiago del Estero”, concluyó el fiscal. 

Viven en una carpa. Según Fernando, de 35 años, hace 24 meses que están allí, en el Parque Hipólito Yrigoyen de Villa Nueva. Sin embargo, María José Castillo, su pareja de 26 años, dice que hace tres meses que se instalaron ahí.
Más allá de que no coinciden en ese dato -trascendental-, la historia que cuentan señala que residían en una pequeña “pieza de los Boys Scouts hasta que alguien la quemó”.
El fuego devoró su lugar y fueron a parar al pulmón verde de la vecina localidad. Pero lo hicieron sin su hija, de casi tres años, la que quedó bajo la guarda de la abuela, según contaron ayer a EL DIARIO.
Explicaron que la secretaria de Acción Social del municipio Griselda Esparza informó a la juez de Menores Cecilia Fernández sobre las duras condiciones en la que vivían y “nos la quitaron”. Esparza nos dijo que la nena comía muy mal. Nosotros le dabámos “hígado”.
“Pedimos una casa pero nos dijeron que no había terreno”, apuntó ella.

Contraste

El inmenso espacio natural de Villa Nueva era visitado ayer a la tarde por cientos de vecinos que disfrutaban del descanso dominical. Muchos buscaban un lugarcito a orillas del agua, para darse un chapuzón. La imagen contrastaba con la de esta pareja que habita en la carpa. 
Junto a ellos, acostado sobre un colchón, se hallaba Jorge Domínguez (44). “Tengo cinco operaciones en la cabeza, soy jubilado, tengo casa y vengo acá para joder. Estoy de vacaciones, me tomé ocho meses de descanso, vengo todos los días a verlos porque son mis amigos”, expresó textualmente.
“Saco fiado y compro pizzas, fideos, aunque Fernando hace pizzas caseras...”, agregó.
Los tres permanecían en silencio cuando llegó este periodista y el fotógrafo. Y así se quedaron cuando nos íbamos. ¿Y la nena? “La vemos los fines de semana”, contestaron.
Ayer fue domingo. Estaban solos. Sin la hija, sin casa, sin nada.